Este viernes, el procurador del estado Bolivariano de Miranda, Yahir Muñoz, se dirigió a la Contraloría General de la República para consignar pruebas por presuntos hechos de corrupción ocurridos en la gestión de Henrique Capriles Radonski, las mismas involucran directamente al ex gobernador, al antiguo procurador de la entidad Alejandro Méndez y al auditor Eduard Jiménez.
En este sentido, el procurador de Miranda, exigió al ex gobernador de la entidad, Henrique Capriles Radonski ponerse a la orden de la justicia; seguidamente, aseveró que si la Contraloría determina pertinente una actuación no solamente en la Procuraduría sino en la gobernación, y en cada una de sus dependencias, se realizará lo antes posible. “Nosotros hemos acudido con la verdad, con la legalidad y con las pruebas que comprometen al gobernador y a los directores”.
En cuanto a los casos que se denunciaron, se encuentra: La ausencia por más de dos años del anterior procurador Alejandro Méndez, quien estuvo fuera del país desde el año 2015 y siguió cobrando hasta el 2017; la desaparición de vehículos, la gobernación contaba con 2.046 y solamente encontraron operativos 40; la contratación irregular de voceros políticos del partido Primero Justicia, que le pagaron hasta 10 veces un salario mínimo; ciudadanos inhabilitados por la Contraloría que continuaron ejerciendo cargos; y complacencia por parte del auditor Eduard Jiménez ante los procedimientos de Henrique Capriles.
También, afirmó que los capitales que se hayan obtenido de manera fraudulenta, serán confiscados y devueltos al estado Bolivariano de Miranda. Posterior a esto, hizo un llamado al fiscal de la República Tarek William Saab, para que apresure los procedimientos para hacer justicia, ya que se han presentado más de 6 denuncias ante el Ministerio Público. “Es incuantificable el daño moral y patrimonial que la derecha hizo en Miranda”.
Por su parte, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, dijo que tras recibir el documento, en el marco de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, La ley Orgánica de la Contraloría General y el Sistema Nacional de Control Fiscal, se da inicio a las investigaciones internas, con el objetivo de determinar en un lapso de 96 horas si los hechos denunciados determinan una responsabilidad administrativa.
Para finalizar, Galindo refirió que las sanciones dependerán de los hechos que arroje la investigación, y se garantizará el derecho a la defensa y el debido proceso en el marco del artículo 49 de la Constitución, así como también la fase sumaria con el fin de asegurar la integridad física e intelectual de los denunciados. “En unas 96 horas ya nosotros deberíamos estar en las instalaciones de la Procuraduría del estado Bolivariano de Miranda, y también en las instalaciones de la gobernación”. (Prensa Gobernación de Miranda)