En aras de fortalecer el sistema de defensa de los derechos de la mujer y erradicar la violencia de género, en Miranda se celebró la Segunda Sesión Extraordinaria de la Mesa Técnica de Justicia de Género del Estado Miranda.

La instancia, encabezada por el gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, reunió a autoridades del sistema judicial y de protección, el Ejecutivo nacional y regional, organismos de seguridad, salud y educación, así como vocerías del poder popular y comunitario, con la participación de la magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, vicepresidenta de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y coordinadora de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, así como la ministra del Poder Popular para Mujer, Yelitze Santaella.

Durante el encuentro se destacaron los avances del Observatorio de Violencia contra la Mujer de la entidad en 2026, que permitieron sistematizar datos mediante un equipo multidisciplinario y evaluar políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia basada en género. 

Cifras

De acuerdo con el balance presentado, el observatorio contabilizó 1.667 casos en 2026, con predominio de la violencia psicológica y física, que concentran el 70 % del total. Del universo de víctimas, 1.448 se ubican entre los 18 y 65 años, mientras que en el 74 % de los registros los agresores son parejas o exparejas, con conductas agresivas vinculadas al consumo de alcohol. Asimismo, se caracterizaron 36 funcionarias víctimas y 48 funcionarios incursos en delitos.

Los registros territoriales de la Mesa Técnica en Miranda detallan 52 puntos violetas activos, con 662 mujeres atendidas directamente; 385 jornadas realizadas, alcanzando a 6.132 mujeres en el estado; 2 jornadas con 204 mujeres atendidas en territorio; 22 pancartazos preventivos; jornadas en 8 municipios con 139 mujeres atendidas de forma integral; atención a 2 centros con 237 mujeres en el INOF y 293 en Crisálida; 9 defensoras delegadas (1 en el eje Barlovento, 1 en el Metropolitano, 3 en Valles del Tuy, 2 en Plaza y Zamora y 2 en Altos Mirandinos)
Viñeta Defensoras comunales: 732 formadas y activas, frente a 2.410 por formar en los comités de mujeres.

En cuanto a los feminicidios, se registran 27 consumados en 2024; 21 consumados y 8 en grado de frustración en 2025; y 9 consumados junto a 12 en grado de frustración en 2026.

Territorialización del sistema

El gobernador Elio Serrano señaló que la mesa resulta clave para evaluar los avances del equipo multidisciplinario y construir políticas orientadas no solo a atender la violencia cuando ocurre, sino a evitar que suceda.

Reafirmó el compromiso de avanzar en la territorialización del sistema de justicia en todo el estado e inaugurar este año el circuito judicial en los Valles del Tuy.

En materia de seguridad ciudadana, indicó que en Miranda los homicidios pasaron de 190 en 2024 a 125 en 2025, año que registró 21 feminicidios, y se sitúan en 78 hasta la semana 46, con proyección a la baja al cierre del año, aunque advirtió que persisten hechos de violencia contra la mujer que obligan a sostener las acciones interinstitucionales junto al TSJ, el Ministerio Público (MP) y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer.

La magistrada Lourdes Benicia Suárez Anderson, resaltó que desde 1998 el Estado venezolano comenzó a consolidar el sistema de defensa en materia de género, lo que hoy se traduce en tribunales especializados en casi todos los estados, oficinas municipales de derechos de la mujer y equipos multidisciplinarios que atienden tanto a las víctimas como a los agresores para cortar el ciclo de violencia.

Subrayó que, al acudir a un circuito judicial penal especializado en derechos de la mujer, las víctimas reciben un primer contacto empático y sororo que fortalece su acompañamiento. 
Por su parte, la ministra Yelitza Santaella destacó el despliegue institucional para garantizar una atención eficaz y valoró la territorialización del sistema de defensa mediante defensoras comunales que acompañan a las mujeres en sus comunidades, ratificando que cuentan con respaldo institucional.

Por su parte, la ministra Santaella reconoció al Estado venezolano y a toda toda su institucionalidad, por haber desarrollado un sistema fortalecer la atención eficaz a toda mujer que sea víctima de violencia.

“Desde el estado Miranda se está tratando de visualizar las acciones del pueblo venezolano y todas sus instancias que se conjugan. Aquí se ha planteado la territorialización del sistema de defensa para que una defensora comunal brinde atención a la víctima, para que la mujer sienta la empatía para acompañarla”, apuntó.

Metas para 2027

A partir de los hallazgos del observatorio, se planteó masificar en 2027 el uso del violentómetro, desplegar aulas móviles de sensibilización en distintos sectores, combatir la impunidad, impulsar la formación preventiva dirigida a hombres para evitar conductas violentas, priorizar cuadrantes de paz y promover que los comités de seguridad comunales articulen para que cada comuna funcione como un punto violeta junto a las defensoras comunales y el cuadrante de paz.

Lineamientos estratégicos

Como parte de los desafíos, se planteó reducir el retardo procesal, agilizar la tramitación de denuncias y estandarizar protocolos entre policías, fiscales y jueces; garantizar el cumplimiento de medidas restrictivas y de protección, revisar medidas cautelares y erradicar la violencia institucional; acercar la atención y prevención a parroquias, comunas, Casas de Justicia y Paz, jueces y juezas de paz comunal y comités de mujeres; consolidar tras su inauguración a finales de 2026 la Defensoría de la Mujer en Valles del Tuy y replicar el modelo en Barlovento, Altos Mirandinos, Guarenas-Guatire y el Área Metropolitana; ejecutar el Sistema Integral de Cuidados («Miranda Cuida») junto a ONU Mujeres y el PNUD; aprobar y reglamentar leyes regionales en articulación con el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda (CLEBM); e impulsar la transversalización de género en la justicia comunal.

Asimismo, se acordó consolidar registros y mapeos georreferenciados de incidencias y delitos por municipio, realizar auditoría social y evaluar rutas de atención y equipos multidisciplinarios, al igual que los documentos de trabajo de la mesa identifican desafíos estructurales pendientes para la agenda venidera, entre ellos el déficit de tribunales especializados fuera del Área Metropolitana, la capacitación continua para cerrar brechas de violencia institucional, la ampliación y operatividad de las casas de abrigo, la publicación periódica de datos estadísticos desagregados por municipio y el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres vinculada a cadenas productivas estables. 

Prensa Gobernación de Miranda