Durante un mensaje dirigido a la nación, este jueves, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, presentó un balance de gestión enfocado en la transformación política, económica y social del país, destacando el avance de las mesas de concertación con los sectores laborales, empresariales y políticos.
«Ha sido un largo camino, pero un camino de transformaciones y cambios en la búsqueda de la máxima felicidad para nuestro país: una transformación política, económica y cultural. Una transformación democrática, ordenada, institucional y verificable que nos llevará a un verdadero renacer», apuntó.
Señaló que «el horizonte político de Venezuela no se mide con una fecha en el calendario, sino desde una secuencia de objetivos que debemos alcanzar».
En el ámbito socioeconómico, Rodríguez adelantó que para el año 2027 se aplicarán incrementos en el ingreso de los trabajadores distribuidos en cuatro momentos. «He instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que puedan ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios. Esto está avanzado», dijo.
Precisó que estos ajustes estarán indexados al crecimiento económico trimestral, asegurando que no se ubiquen por debajo de dicho indicador.
«En el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y que en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda», expresó.
Adicionalmente, informó sobre la suscripción de 61 contratos en materia de hidrocarburos con inversores nacionales e internacionales, además de negociaciones activas en el sector minero de oro y aluminio.
«Este diálogo económico ha arrojado la suscripción de 61 contratos en hidrocarburos bajo los parámetros de la nueva ley, y están en negociación 44 acuerdos más. De igual forma están en curso importantes negociaciones en minería», acotó.
Planteó que está en curso una mesa de diálogo para consensos laborales con participación de las principales centrales sindicales del país, las cámaras empresariales y el gobierno nacional.
Rodríguez agregó que los trabajadores que han pedido mejoras salariales: «tienen derecho a reclamar, y los escucho».
«A las familias que siguen reconstruyendo su casa después del terremoto del 24 de junio: la reconstrucción no se detiene, y cada mes les mostraré qué se hizo, dónde y cuándo».
En materia de justicia y reconciliación, la Mandataria Nacional destacó que la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía que ha beneficiado a cerca de 9.000 personas, permitiendo la excarcelación de más de un millar de ciudadanos y cerrando procesos derivados de confrontaciones pasadas.
«A la fecha casi nueve mil personas han sido beneficiadas por la Ley de Amnistía, poniendo fin a procesos penales derivados de la confrontación en la que estuvimos sumidos. Más de mil personas han sido puestas en libertad», refirió.
Asimismo, indicó que se llevan a cabo consultas públicas para reformar la justicia penal y adecuar la legislación en materia de derechos humanos con asistencia técnica internacional. «Hoy está en marcha una gran consulta nacional para la reforma de la justicia penal que busca escuchar a todos y cuenta con la asistencia técnica de la Unión Europea y colaboración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos», reveló.
Recordó que «en septiembre dije algo que no es fácil decir desde esta responsabilidad: que la ley contra el odio se había aplicado de forma abusiva. Pedí que se reformara para eliminar las sanciones penales previstas en ese instrumento, fortaleciendo su carácter educativo».
Aseveró que una vez promulgada la reforma de la Ley contra el Odio, el sistema de justicia deberá revisar los casos de personas procesadas penalmente con base en este instrumento e invitó a organizaciones independientes a verificar cada uno de estos pasos en total libertad y transparencia.
«Ninguna persona podrá ser detenida sin orden judicial, salvo los casos de flagrante comisión de delito», aseguró, al tiempo que puntualizó que la protesta pacífica es un derecho constitucional «y el ejercicio de ese derecho debe ir acompañado del respeto a la integridad física y moral de nuestros funcionarios de seguridad».
Respecto al cronograma político, Rodríguez ratificó que el país celebrará todos los procesos comiciales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, organizados por una autoridad electoral renovada y con veeduría internacional.
«Habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo», afirmó y a su vez aclaró que la elección no debe ser un problema, «ni hacernos retroceder hacia tiempos de confrontación que ya nadie quiere».
Explicó que «este proceso nos llevará a la conformación de un poder electoral aceptado por todos, a garantizar los derechos de participación ciudadana y las garantías de democracia a lo interno de los partidos políticos».
Mencionó que la mesa de diálogo político está centrada en los venideros procesos electorales, la reforma del TSJ y la recuperación de recursos para la atención socioeconómica post terremoto. «No es un diálogo para la foto. Son temas duros y no se resuelven en un día», argumentó.
Rodríguez insistió su llamado a mantener la vía institucional, el respeto a la propiedad privada y la optimización de los servicios públicos para garantizar el bienestar de la ciudadanía.
«A quienes piensan distinto a mí y a mi gobierno: esta transformación también es de ustedes. No les pido que cambien de opinión. Les pido que juzguen por los hechos y que vengan a la mesa, con reglas iguales para todos», acotó.
La Jefa de Estado también mencionó el avance en el restablecimiento del acceso a diversos portales informativos que se encontraban sujetos a medidas administrativas, como parte del proceso de superación de las dinámicas de confrontación en el país.
«Seguimos restableciendo el acceso a portales informativos que estaban sujetos a medidas administrativas como resultado de la confrontación vivida», sostuvo.
Durante su alocución, la alta funcionaria hizo un llamado directo al ejercicio ético de la comunicación y al compromiso con la verdad.
«Pido a los comunicadores del país responsabilidad y respeto a los derechos de los ciudadanos. Al mismo tiempo, pido a los medios, tanto nacionales como internacionales, que no se estigmatice la imagen de nuestro país, ni de su gentilicio e identidad nacional», subrayó.
La Dignataria Nacional insistió en el compromiso del Gobierno Nacional con el estricto cumplimiento del marco constitucional, recordando su postura fijada en escenarios internacionales. «Cuando dije en Naciones Unidas que la legalidad era el camino, no era una simple frase; era un método», sostuvo.
Con información de Prensa Presidencial