La presidenta Delcy Rodríguez, presentó este viernes un balance detallado sobre los primeros dos meses de aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática.
Rodríguez precisó que, en apenas 63 días efectivos, 8.740 personas han obtenido la libertad plena; de los cuales 314 ciudadanos se encontraban privados de libertad en centros de reclusión, mientras que 8.426 se encontraban bajo distintas medidas cautelares.
La mandataria anunció que el proceso de excarcelación no se detiene y que, en las próximas horas, se espera ejecutar más de 500 nuevas liberaciones, lo que elevará a 1.594 el total de excarcelaciones en lo que va de año, sumando la amnistía, los nuevos procesos y las 885 liberaciones previas registradas desde el 20 de febrero.
Este impulso coincide con el despliegue de la Comisión de Revolución Judicial, una instancia que, según datos de la presidenta encargada, ha otorgado 3.630 libertades en lo que va de 2026.
«Con esto ya superamos todo lo logrado durante el año 2025», enfatizó Rodríguez, al tiempo que aseguró que el avance se debe a la política focalizada en corregir el retardo procesal y subsanar fallas en el desarrollo judicial.
Tres grandes desafíos
La Presidenta no dudó en señalar tres principales problemas que aquejan al sistema: el retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.
Sobre este último punto, aportó afirmó que “68% de la población privada de libertad en el país pertenece a los estratos menos favorecidos”.
En este sentido, calificó la criminalización de los sectores vulnerables como una forma de discriminación económica y social que el Estado tiene la obligación de atender de manera urgente.
En este sentido, el Ejecutivo promulgó la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
La estrategia de esta reforma apunta a dos frentes: el incremento del número de magistrados por sala para procesar más causas, y la incorporación de plataformas tecnológicas de vanguardia, incluyendo el uso de inteligencia artificial para agilizar los flujos de trabajo y combatir el burocratismo.
Por otra parte, la mandataria hizo un llamado contundente a resguardar este proceso de los intereses políticos.
«Pido que no haya utilización política ni partidista de la transformación del sistema penal», sentenció, tras denunciar que existen sectores que pretenden sacar ventaja electoral u oportunista de la situación de los privados de libertad.
También informó sobre la evaluación de una propuesta para construir el Sistema Nacional de Protección de defensores y familiares.
«Ese sistema debe reordenarse para garantizar plenamente los derechos humanos de todos y de todas, lo que incluye, por supuesto, a los propios funcionarios de seguridad ciudadana», aclaró.
Reforma de la justicia penal
Hacia el cierre de su alocución, la presidenta Rodríguez convocó al país a participar en la Gran Consulta Nacional por la Reforma de la Justicia Penal, la cual arrancará el próximo 1 de junio.
El objetivo de esta consulta es involucrar a todos los sectores sociales en la construcción de un modelo penal que responda con eficacia a lo estipulado en la Carta Magna.
«Este renacer también supone una transformación cultural en el pensamiento y en el ser del ciudadano; un reconocimiento que nos permita encontrar el camino definitivo para la convivencia y para la paz», finalizó Rodríguez haciendo un llamado a la opinión pública a asumir las liberaciones con madurez y altura.
Prensa Gobernación de Miranda