En un nuevo paso dentro de la agenda económica nacional, la Asamblea Nacional (AN) aprobó en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, iniciativa que plantea un cambio en el mecanismo de fijación de precios de bienes y servicios, incorporando el principio de mutuo acuerdo entre el Ejecutivo Nacional y el sector comercial.
La propuesta legislativa establece que los precios dejarán de definirse de manera unilateral, para dar paso a esquemas de concertación que consideren las dinámicas reales de producción, comercialización y consumo, con el objetivo de garantizar el acceso de la población a productos esenciales y, al mismo tiempo, promover condiciones favorables para la actividad económica.
Mesas técnicas y revisión de estructuras de costos
De acuerdo con lo expuesto durante la sesión parlamentaria, la ley contempla la creación de mesas de trabajo permanentes entre representantes del Ministerio de Comercio Nacional y las cámaras de comercio, orientadas a analizar las cadenas de valor y las estructuras de costos.
Este mecanismo permitirá evaluar variables como inflación, costos de importación, logística y estabilidad cambiaria, a fin de construir referencias de precios ajustadas a la realidad económica y evitar distorsiones en el abastecimiento.
El proyecto también propone un cambio en los procesos de supervisión comercial, priorizando la revisión técnica y el consenso sobre las sanciones inmediatas. Según lo planteado, la normativa busca reducir la discrecionalidad en las fiscalizaciones y fortalecer un marco de corresponsabilidad entre el Estado y los actores económicos.
Tras su aprobación en primera discusión, la ley entrará en una fase de consulta pública nacional, en la que se espera la participación de gremios empresariales, comerciantes y otros sectores productivos, de cara a su segunda discusión en el Parlamento.
Miranda acompaña las políticas de estabilización económica
Desde el estado Miranda, la gestión del gobernador Elio Serrano ha reiterado su respaldo a las políticas nacionales orientadas a fortalecer la estabilidad económica, proteger el poder adquisitivo del pueblo y promover un clima de articulación entre el Estado y los sectores productivos, en consonancia con las decisiones emanadas de la Asamblea Nacional y del Gobierno Bolivariano.