La Asamblea Nacional aprobó este jueves, en primera discusión, tres reformas de carácter estratégico: la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos y la Ley de Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública, acciones que forman parte del Plan Básico Legislativo 2026-2027, diseñado para modernizar el marco jurídico y blindar el bienestar de las familias venezolanas.
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, enfatizó que estas normativas son pasos concretos hacia una soberanía económica más robusta, enfocada en superar los desafíos actuales y proteger el ingreso de la población a través de la sustitución de importaciones y la simplificación de procesos.
Petróleo para el desarrollo: Más producción y nuevas inversiones
La reforma a la Ley de Hidrocarburos, presentada por el diputado Orlando Camacho, tiene como meta un incremento acelerado en la actividad petrolera nacional. Entre sus puntos clave destaca la creación de los Contratos de Participación Productiva (CPP), que permiten a empresas operadoras gestionar áreas bajo su propio riesgo, sin generar deuda al Estado.
«Esta reforma es un paso audaz hacia la modernización del sector energético, asegurando que el petróleo siga siendo el motor de desarrollo nacional», afirmó el diputado Camacho durante su intervención.
Asimismo, la normativa introduce flexibilidad en las regalías para campos nuevos y garantiza una seguridad jurídica fortalecida para atraer inversionistas mediante mecanismos de mediación independientes.
Blindaje de los derechos del pueblo
De la mano con la reactivación productiva, la reforma a la Ley de Protección de los Derechos Socioeconómicos busca garantizar que los ingresos del país se traduzcan en mejoras sociales reales.
El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, explicó que este instrumento permitirá actualizar las normas de protección al consumidor y crear un Sistema Nacional de Observación para supervisar precios.
«La defensa de los ingresos del pueblo venezolano es una prioridad. Mientras más avancemos en ordenar nuestros procesos, más fuertes y soberanos seremos», destacó Jorge Rodríguez, vinculando la protección social con la estabilidad económica.
Este nuevo esquema también contempla la despenalización de ciertas conductas, transformándolas en infracciones administrativas para fomentar la conciliación entre proveedores y consumidores, agilizando la dinámica comercial.
La Asamblea Nacional también aprobó el proyecto de Ley orgánica de Aceleración y Optimización de los Trámites y Procedimientos Administrativos de la Administración Pública, que contempla la creación de una comisión presidencial encargada de evaluar y proponer al Ejecutivo Nacional las medidas necesarias en esta materia.
Este Proyecto de Ley no requiere asignaciones presupuestarias adicionales, su implementación podría generar ahorros significativos para el tesoro nacional.
Bajo la conducción del gobernador Elio Serrano, el estado Miranda se suma a estos procesos legislativos para el avance de estas leyes en la Asamblea Nacional que sean el motor que impulse una gestión pública más eficiente, transparente y cercana a las necesidades del pueblo.
Prensa Gobernación de Miranda