Continuando con la promoción de la Consulta Popular Miranda 2019, a realizarse el próximo 1° de diciembre, en la que la comunidad organizada tendrá la decisión de aprobar o no la transferencia de fondos provenientes de la Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana para la ejecución de los proyectos de infraestructura social en sus respectivas comunidades, este jueves el gobernador Héctor Rodríguez realizó asambleas en las parroquias Santa Lucía, Santa Teresa, Yare y Charallave.
Rodríguez destacó que en caso de ser aprobada la propuesta impulsada por el Ejecutivo regional, las Comunas podrán recibir de manera directa, rápida y con pocos procesos burocráticos los recursos provenientes de las multas y sanciones de la Ley de Convivencia y Paz, lo que permitirá acelerar el proceso de transferencia de los fondos para el desarrollo de los diversos proyectos que beneficien a la población.
“Con los recursos que tiene la Gobernación, los cuales obtiene a través de la Ley de Convivencia y Paz, se financian los nueve mil proyectos de las tres mil comunidades, de los cuales ya hemos ejecutado mil 530; son bastantes, pero falta mucho, todavía falta más por cumplir”, dijo.
Explicó que los recursos provenientes del estatuto legal llegan mediante el cobro de las multas por parte de la Policía de Miranda. Dijo que estos se depositan en las cuentas de la Gobernación.
“Los compromisos comunitarios se convierten en proyectos con sus montos correspondientes. Luego se presentan al Consejo Legislativo (Clebm) y se aprueba el dinero para la ejecución de los mismos. Sin embargo, esos recursos aprobados para la comunidad, con el tiempo burocrático, se diluye por la inflación. Si se aprueba el 1° de diciembre nuestra propuesta, en vez de cobrar la Gobernación, cobra la comunidad directamente, ese dinero se lo depositarán directamente al Banco Comunal; en vez de que el Clebm apruebe los recursos, lo aprobará la comunidad”.
Por último, el Mandatario regional indicó que se ha evaluado conscientemente lo que se transferirá a las comunas. En ese sentido, dijo que sólo se le dará la transferencia en cuanto a la administración de los fondos y no de los servicios, al señalar que la comunidad organizada no cuenta con el dinero para mantenerlos.
“Soy partidario que a la comunidad no se le debe transferir un servicio, porque no tienen los recursos para mantenerlos y el liderazgo comunitario pudiera diluirse. Por ejemplo, si se le transfiere un autobús, pasan los seis meses y comienza a fallar el servicio por falta de cauchos o baterías, porque la comunidad no tiene el dinero para comprarle los repuestos, y comienzan los reclamos contra los líderes comunitarios. Si el Alcalde o el Gobernador los hacen mal, tienen la oportunidad de elegir a otro, pero si se quema el liderazgo este es muy difícil de sustituirlo. Más que a un Alcalde o Gobernador, hay que cuidar a los jefes de calle, de comunidad y de las UBCH”, concluyó.
Prensa Gobernación de Miranda